Un viejo anciano llegó a decir que “Las leyes tienen límites”.
Ciertos temas son delicados. León Castellanos, un amigo con basta experiencia en Relaciones Internacionales, me explicó lo difícil que es discernir entre el respeto por la soberanía de un país y la salvaguardia de los Derechos Humanos. El caso hipotético es el siguiente. Supongamos que en un país no miembro de las Naciones Unidas coexisten dos tribus que en su disputa por el poder provocan la muerte de miles de civiles. El conflicto se limita a los ámbitos del país. ¿Cómo deben proceder las Naciones Unidas ante esta situación? ¿Qué determina su derecho a intervenir en los asuntos de un país? León responde diciendo que la clave está en el reconocimiento del derecho de todo humano a la garantía de una vida digna. La violación de los Derechos Humanos es la llave que le abre paso a las Naciones Unidas. Hasta aquí el argumento parece simple. Lo realmente difícil esta en decidir que situaciones ameritan la intervención. ¿Cómo cuantificar la gravedad de un asunto? ¿Qué argumentos permiten justificar que un país por si mismo no es capaz de resolver sus problemas internos?
Los problemas de esta naturaleza son en su mayoría un reflejo de lo permisible y lo no permisible. Nos regulamos por leyes y aceptamos, en beneficio de la sociedad, a someternos a ellas. Confiamos en la capacidad de las autoridades competentes para definir que es lo más adecuado para la comunidad, y en general el resultado es consecuente con lo deseado; lo que falla es la ejecución, y no necesariamente por la mala disposición de los encargados de la administración de la justicia.
¿Es necesaria la justicia personal cuando los órganos responsables no resuelven satisfactoriamente el problema? ¿El fin justifica los medios?
La película Gone Baby Gone plantea dos casos interesantes. En uno de ellos, un pedófilo, con ayuda de dos delincuentes, secuestran a un pequeño niño. El pedófilo, tras abusar cruelmente del niño durante un largo tiempo, pierde el control y lo asesina. Minutos después, un joven descubre las atrocidades, el pequeño niño yace ensangrentado en una tina de baño. Sin dudarlo, a pesar de los suplicios y réplicas de arrepentimiento, el joven asesina al pedófilo. En el segundo caso, el joven tiene que decidir entre aplicar lo que dictan las leyes o seguir el sentido común. Regresar una niña secuestrada a los brazos de una madre drogadicta y egoísta o permitir que los secuestradores, una pareja respetable que busca garantizar la felicidad de la pequeña, se salgan con la suya. Un juego de palabras, con argumentos válidos, que desemboca en la entrega de los secuestradores a las autoridades. Efectivamente, actuó acorde a lo que la justicia depara. Los resultados no fueron los esperados, las personas difícilmente cambian, la madre no abandono su egoísmo, la niña siguió desamparada. Los secuestradores pudieron ofrecerle una mejor vida, la vida que ella merecía.
Por una fuerte razón no son las máquinas las que determinan las sentencias. Es necesario algo más profundo, el sentido común, el análisis, y en cierta medida, el quebranto de las reglas. Cierto, si todos aplicarán justicia por cuenta propia el mundo sería un caos. Mas el mundo necesitaba de un equilibrio fuera de la ley.
¿En qué momento es permisible el desacato a las leyes? Eso es lo difícil.
Mi nombre es Luis Oscar Ramos y soy Ingeniero de Software
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